Año 2012. Horas previas a su dimisión como presidente de Bankia, Rodrigo Rato tuvo dos reuniones con el ministro de economía Luis de Guindos y con los tres principales banqueros de España –Emilio Botín (Banco Santander), Isidro Fainé (CaixaBank) y Francisco González (BBVA)– con el fin de abordar los problemas financieros de la antigua Caja Madrid. Sospechaban estos acerca de la veracidad de las cuentas emitidas por Rato; las posiciones más escépticas eran defendidas por González, quien en su día alcanzó la presidencia de Argentaria precisamente con Rodrigo Rato como ministro de economía.

El presidente del BBVA afirmó que la entidad madrileña necesitaría hasta 20.000 millones para ser saneada, lo que posteriormente resulto ser la estimación más realista. Al día siguiente, Bankia fue intervenida.

La marcha de Rato fue acompañada por la dimisión en bloque de todo el Consejo de Administración, presionados por el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, paradójicamente nombrado por el propio Consejo. El ministro de Economía Luis de Guindos solicitó un rescate de 100.000 millones para sanear el sistema financiero español, de los cuales 23.465 millones fueron para las agujereadas cuentas de Bankia. El Estado español, a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), pasó a disponer del 68,39% de las acciones de la entidad. 

Esta gran recapitalización permitió cubrir todo tipo de carteras dudosas y sanear el banco, hasta convertirlo en uno de los más rentables de la actualidad. En un año se pasó de unas pérdidas de 19.098 millones de euros a 509 millones de beneficio en 2013. Cogida la senda de los números negros, el FROB se desprendió de un 7,5% del capital del banco, adquirido por diversos fondos de inversión a cambio de 1.304 millones de euros. Por esta operación la entidad declaró unas plusvalías de 301 millones. En 2017 se deshizo de otro 7%, esta vez por 818 millones. 

En 2015 Bankia paga su primer dividendo al Estado, que recibió, como principal accionista, 128 millones de euros. Ese mismo año, el banco se deshace del City National Bank of Florida y consigue una plusvalía de 117 millones en la operación. En las últimas cuentas anuales, Bankia ha repartido el mayor dividendo de la historia de la banca pública, lo que se ha traducido en otros 219 millones que han ido a parar a las cuentas del FROB. El último informe anual cuantifica en 3.303 millones la devolución de las ayudas públicas recibidas.

Banca pública subordinada a la competencia  

Sin retrotraernos a la expropiación del ramillete de bancos de Rumasa que tuvo lugar en 1983 (Decreto-Ley 2/1983), la última oportunidad que dispuso el Estado de tener algo parecido a una banca pública aconteció en 1991, con Argentaria. Fue una sociedad formada a partir de la integración de diversos bancos públicos, principalmente tres históricos como Banco Hipotecario, Banco Exterior de España y Caja Postal. A diferencia de Bankia, la entidad resultante se encontraba saneada desde el primer día y era considerada una de las empresas más rentables de España.

Su proceso de privatización se inició apenas año y medio después de su composición y su proceso se alargó hasta 1998. Desde un primer momento las intenciones privatizadoras no fueron ocultadas, el propio presidente Aznar –que colocó a Francisco González al frente de Argentaria– lo dejaría claro con posterioridad: “Llegué a la presidencia y tocó tomar una decisión respecto a Argentaria, una entidad destinada a privatizarse. Luego vino la fusión con el BBV para crear el BBVA”. Los últimos nueve meses de 1997 la Argentaria pública obtuvo un beneficio neto de 48.600 millones de pesetas, casi 300 millones de euros.

La inminente fusión entre CaixaBank y Bankia formará la sociedad financiera más potente del Estado español. RothschildCo España, asesor de la operación, estima que el beneficio para los accionistas de Bankia aumentará en un 70% para el 2022. No obstante, no parece probable que los dividendos de la entidad resultante vayan a compensar las devoluciones pendientes al Estado, no solamente porque el porcentaje de las participaciones del FROB disminuirá desde el 61,80% actual hasta un estimado 16%, sino porque el propio presidente del FROB ha anunciado su intención de desprenderse gradualmente de esa participación. 

Como ocurrió en su día con Argentaria, el Estado se deshará de una de las entidades más solventes de la actualidad. La venta de los activos en la nueva CaixaBank en ningún caso alcanzarán para cubrir lo aportado en su día por el Estado para salvar Bankia. Además de las previsibles pérdidas, las consecuencias de la operación terminarán de nuevo con las posibilidades políticas que otorga disponer de una banca pública, un aspecto que interesaba al partido minoritario del Gobierno, Unidas Podemos. 

Pero desde el FROB –dependiente del Banco de España, del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero– otorgaron el pasado 23 de octubre su valoración favorable a la fusión, convencidas de que mejorará “el valor de la participación indirecta en Bankia”. El documento sostiene también que tendrá un “efecto positivo sobre las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones”. En la misma línea, Goirigolzarri ha avalado el proceso de fusión como la mejor opción disponible para recuperar las ayudas a Bankia.