Florentino Pérez comparecerá en la ‘comisión Bárcenas’ sobre financiación ilegal del PP

Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y el Real Madrid. Foto: REUTERS / Juan Medina.

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, comparecerá en diciembre ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Pérez aparece como donante del partido en la documentación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Se espera que el expresidente Mariano Rajoy también comparezca ante dicha comisión en febrero. Otro empresario que estaba llamado a declarar es Juan Roig, dueño de Mercadona, pero de momento no lo hará debido a la oposición de Ciudadanos. Recientemente, Florentino Pérez almorzó en una marisquería coruñesa con Rajoy, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el director de ABC, Bieito Rubido, pero ninguno facilitó información sobre el encuentro.


El gobierno de Pedro Sánchez y el Ibex 35 no pasan por su mejor momento. El presidente tiene previsto viajar a Cuba los días 22 y 23 de noviembre (primera visita de un presidente español a la isla desde Felipe González), pero en Moncloa están teniendo problemas para atraer a los pesos pesados del Ibex 35 a la cita. De momento han confirmado que mandarán a algún representante Meliá, Amadeus, Aena y Banco Sabadell.


NH y Barceló vulneraron el derecho a huelga de sus empleadas de limpieza, según Inspección del Trabajo. Estas trabajadoras, conocidas como ‘las kellys’, llevan varias semanas protestando contra la «explotación laboral» en estas empresas y para poner en evidencia sus bajos salarios (menos de 800 euros en muchos casos, o 1,5 euros por habitación acondicionada). Tanto NH como Barceló han contratado a otras empresas para boicotear las huelgas.


El gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a convertir Bankia en un banco público, como pide Podemos, pero tampoco está a favor de venderlo a manos privadas «en estos momentos» ya que la cotización de la entidad está muy por debajo de cuando se vendieron tramos de acciones en el pasado. Bankia es el resultado de la fusión de varias entidades (Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias…) durante la crisis económica. Su rescate con fondos públicos supuso al Estado el desembolso de más de 22.000 millones de euros.


«Business is business». El expresident catalán Artur Mas y sus principales consejeros fueron condenados a devolver 5,2 millones de euros por la consulta del 9-N. La sentencia revela que hay empresas del Ibex entre las grandes beneficiadas del «negocio» para la organización del 9-N. Por ejemplo, coincidiendo con la sentencia del Constitucional que prohibía la consulta, Telefónica facturó 2,7 millones para atender el pedido urgente de 7.000 ordenadores necesarios para la consulta.


El Banco de España sitúa a Banco Santander como entidad financiera de importancia sistémica mundial. Este estatus implica que el Santander tendrá que cumplir unas exigencias adicionales y demostrar un colchón de capital más amplio que otros bancos para prevenir problemas en caso de turbulencias financieras.


El juez De la Mata (Audiencia Nacional) solicita la documentación confiscada por la policía al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que aparece el constructor Juan Miguel Villar Mir (OHL) relacionado con posibles pagos para la boda de Ana Aznar, hija del expresidente José María Aznar, y el empresario Alejandro Agag.


Una nota en la agenda de Javier López Madrid, exconsejero de OHL, señala que en 2012 iba a recibir una llamada de exministro de Justicia Rafael Catalá, por entonces secretario de Estado en el Ministerio de Fomento, para hacer «hueco» a la constructora Vimac en las obras del AVE a Galicia. Ese año Vimac ganó una adjudicación de 146 millones de euros, en unión temporal con otras empresas, para realizar obras del AVE a Galicia. Además, uno de los consejeros de Vimac, Manuel Contreras, primo del presidente de esta empresa, está imputado por donaciones en negro al Partido Popular por valor de 888.000 euros.


El fondo abudabí Mubadala nombra a Musabbeh Al Kaabi presidente de Cepsa. Cuatro de los nueve máximos ejecutivos de la petrolera son españoles.


Antonio Garamendi gana las elecciones a la presidencia de la patronal CEOE y sustituirá a Juan Rosell. Fue el único candidato. Garamendi es un empresario vasco, marido de la aristócrata María Acha Satrustegui. En su currículum destaca su experiencia en otras organizaciones empresariales y su paso por el consejero de Red Eléctrica de España y Tubos Reunidos. Es conocido por sus críticas al silencio de buena parte del empresariado catalán en torno al procés.


Un juzgado de A Coruña falla a favor del millar de clientes que presentaron una demanda colectiva contra Abanca por las cláusulas suelo. Según la Justicia, Abanca cobró de más a sus clientes y tendrá que devolver «entre 5.000 y 7.000 euros» por cada hipoteca de 90.000 euros. El 85% de esas devoluciones se pagará con fondos públicos del FROB.


Grupo Acciona (familia Entrecanales) acepta pagar 60 millones de euros al Gobierno aragonés como compensación por su responsabilidad subsidiaria en el caso Saqueo de Plaza, el mayor caso de corrupción de Aragón, en torno a la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza. Es la primera vez que una constructora del Ibex 35 admite vínculos con la corrupción política. Según la Fiscalía Anticorrupción, fueron desviados hasta 147 millones de fondos públicos con el beneplácito de altos cargos del PSOE aragonés.


El presidente del Gobierno, ocho ministros, el jefe de la oposición, Pablo Casado, y los presidentes de algunas de las empresas más importantes del Ibex 35, como Telefónica, ACS, Endesa, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Acciona, Iberia e Inditex, acuden a la fiesta organizada por Unidad Editorial para celebrar el aniversario del diario financiero Expansión.


El Ministerio de Fomento impone una multa de 15.000 euros a la concesionaria de autopistas de peaje Iberpistas, propiedad del Grupo Abertis, por el caos generado tras la nevada sobre la AP-6 en enero de 2018. Más de 1.000 personas se vieron afectadas en dicha autopista privada debido a la falta de previsión y medios para despejar la nieve por parte de la empresa concesionaria. La AP-6 genera 178.000 euros diarios de ingresos limpios (descontados los costes de gestión y financieros).


Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, se reunió con Banco Santander, Bankia e Ibercaja en sus dos primeros meses en Fráncfort. Varios medios nacionales e internacionales se muestran sorprendidos por la fluida relación del exministro con estos bancos, una actitud sin precedentes en el BCE.

Bolsonaro elige al director de Banco Santander Brasil para presidir el Banco Central

Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. Foto: REUTERS/Adriano Machado

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El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro nombrará a Roberto Campos Neto, director de Banco Santander en Brasil desde hace más de 18 años, nuevo presidente del Banco Central brasileño. Campos, al que la prensa describe como un perfil ‘técnico’, es nieto de un ministro de la dictadura. La noticia coincide con la visita a Brasil de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, para inaugurar varias sucursales bancarias.


En 2015, el Ejército del Aire se opuso a la decisión del entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, de vender 400 bombas a Arabia Saudí alegando razones éticas (por los ataques saudíes a objetivos civiles en Yemen) y económicas.


La ministra de Defensa, Margarita Robles, tumba el contrato público para la adquisición de misiles fabricados por MBDA, la empresa en la que trabajaba el exministro de Defensa Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Dicho acuerdo había sido suscrito por María Dolores de Cospedal, predecesora de Robles en el ministerio, y había puesto en cuarentena la fabricación de varias fragatas militares de Navantia, ya que hacía falta más tiempo para adaptarlas a dichos misiles.


Felipe González y el resto de accionistas de Oyauri Investment reclaman impagos a Indra, tal como informa El Confidencial.  En el caso del expresidente español se trata de un bonus de 7,3 millones de euros que Indra debe a Oyauri Investment, empresa fundada por su hijo, Pablo González, y de la cual también es accionista. La relación directa de Felipe González e Indra, privatizada durante la última legislatura de González en el Gobierno, se remonta a 2013, cuando la empresa compró el 33% de las acciones de Oyauri por 1,5 millones de euros, lo que disparó el valor de las acciones que poco antes había adquirido Felipe González en la empresa de su hijo.


España pierde otra denuncia internacional por los recortes en energías renovables del gobierno del PP. En este caso, el Estado tendrá que abonar 11 millones de euros a la danesa Athena. En total, diversos fondos verdes y empresas extranjeras reclaman a España 7.500 millones de euros en compensación por el cambio legislativo que puso fin a los incentivos a las renovables. La representación legal de España en estos laudos está en manos del despacho Herbert Smith Freehills, contratado a dedo por el Gobierno (más de cuatro millones de euros), que recientemente fichó al exministro de Justicia, Rafael Catalá, y que cuenta en su plantilla con otros exaltos cargos del PP (entre ellos el exministro Josep Piqué) y varios abogados del Estado.


Endesa, la empresa más contaminante de España, anuncia de forma sorpresiva el cierre de todas sus centrales de carbón en territorio español.


El excomisario José Manuel Villarejo hizo informes para Repsol y Caixabank para investigar a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, y su compra y venta de acciones en dicha compañía. Repsol y Caixabank admiten que en 2012 pagaron 130.000 euros a Villarejo pero alegan que no fue para espiar a del Rivero, sino para la «recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos anulados o dañados».


A pesar del trato de favor por parte del presidente Mauricio Macri, varias grandes empresas del Ibex han perdido entre 700 y 1.000 millones de euros debido a la crisis económica y el periodo de hiperinflación que atraviesa Argentina. Entre estas empresas están Telefónica, Banco Santander, BBVA, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Mapfre, DIA, Grupo PRISA y Prosegur.


La cadena de hoteles Barceló reparte tapones para los oídos entre sus clientes para que no escuchen las protestas que lleva a cabo su personal de limpieza para denunciar sus condiciones laborales. Recientemente NH y Barceló contrataron a una tercera empresa para boicotear estas protestas.


En 2017, los clientes presentaron más de 183.000 denuncias y reclamaciones contra las grandes compañías eléctricas por abusos en la contratación de luz y gas. Ahora el Gobierno prevé que esa cifra descienda después de aprobar la prohibición de la comercialización puerta a puerta (muchas personas fueron engañadas por comerciales para cambiar de compañía o contratar productos que no necesitaban).


El Tribunal Supremo obliga a Enagás a devolver a las personas consumidoras más de 17 millones de euros que la compañía ingresó por la hibernación del almacén de gas Castor en 2014 y 2015. Dicha cantidad de dinero fue cargada a la factura de gas de los clientes por orden del gobierno de Mariano Rajoy.


El Ayuntamiento de Barcelona lanza su comercializadora eléctrica pública, bautizada como Barcelona Energía. De momento esta empresa ya abastece el alumbrado de la ciudad, y los hogares ya pueden acogerse a esta compañía para que les suministre luz a partir del 1 de enero de 2019.


La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechaza que el Estado tome el control de la empresa de aluminio Alcoa, alegando que «no estamos en un régimen comunista». Tras una década recibiendo subvenciones (más de 1.000 millones de euros en total), Alcoa se prepara para cerrar sus dos plantas en el norte de España y despedir a 700 empleados.

Los bancos españoles perdonaron deuda a los partidos políticos sin informar a las autoridades

Sede del Tribunal Supremo del Reino de España. Foto: C. Berbell.

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En contra del criterio de la Armada española, el gobierno de Mariano Rajoy demoró dos años la construcción de fragatas militares F-110 de Navantia para que fueran adaptadas hasta ser compatibles con los misiles Sea Ceptor, fabricados por la estadounidense MBDA, que tuvo entre sus altos ejecutivos al exministro de Defensa y ahora embajador Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Según ha publicado eldiario.es, la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, encargó por 9,5 millones a MBDA evaluar el misil. No es la primera polémica que pone en duda la independencia del exministro durante sus años al frente de Defensa: en sus tres primeros años en el ministerio firmó 32 contratos millonarios con Instalaza y sus filiales, para las que previamente había trabajado como consejero y representante. Además, siendo ministro, Morenés presionó al gobierno para indemnizar con 60 millones de euros a Instalaza tras aprobarse una prohibición internacional sobre la fabricación y el uso de las bombas de racimo, un tipo de arma que esta empresa vendía al gobierno de Libia y otros países.


Esta semana, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en presencia de altos cargos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno de España y figuras destacadas como el expresidente Felipe González, criticó con contundencia a Google, Apple, Amazon y otras grandes compañías tecnológicas por «no pagar una parte justa de impuestos» y tributar en países con sistemas fiscales ventajosos. Banco Santander registra el 26% de su beneficio a través de 182 sociedades offshore con sede en paraísos fiscales.


Tras dos semanas de incertidumbre y críticas, finalmente el Tribunal Supremo falla a favor de la banca y establece que el cliente/a pague el conocido como ‘impuesto de las hipotecas’. Tras el anuncio, los principales bancos de España, entre ellos BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter, registraron fuertes subidas en bolsa (su mayor subida diaria desde abril), una evolución que perdió vigor cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobaría un decreto ley para que sean los bancos los que asuman dicho impuesto. Hay varias protestas convocadas en medio centenar de ciudades españolas en contra de la decisión del Supremo.

También esta semana se supo que el bufete Díez-Picazo, presidido por el hermano del juez Ignacio Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ha defendido a bancos españoles como Cajasur en el caso de las cláusulas suelo. El alto magistrado Díez-Picazo trabajó en dicho bufete entre 2003 y 2008 y su voto fue determinante en la decisión del Supremo de cargar el impuesto de hipotecas a la ciudadanía.


Varios bancos perdonaron deudas a partidos partidos políticos sin informar al Banco de España ni al Tribunal de Cuentas, tal y como establece la ley, según explicó el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia a puerta cerrada en el Senado. Linde no detalló qué bancos ni qué partidos están involucrados en este asunto. No es la primera vez que los bancos condonan deudas a partidos y que el Banco de España se niega a facilitar detalles concretos. En el pasado, cajas de ahorros y bancos condonaron deudas (sin informar a las autoridades) al Partido Popular, PSOE, PSC, Izquierda Unida y CiU. De hecho, a finales de noviembre los banqueros Isidro Fainé (La Caixa), Carlos Torres (BBVA), José Antonio Álvarez (Banco Santander) y Javier García Lurueña (Kutxabank) comparecieron ante el Senado para explicar por qué habían perdonado 50 millones de deuda al PSOE. Según informó eldiario.es en julio de 2015, las principales formaciones políticas debían ese año 208 millones de euros a los bancos.


La firma estadounidense Goldman Sachs, uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, concederá préstamos y captará depósitos en España como cualquier otra entidad bancaria. Goldman Sachs es una entidad financiera que cuenta con numerosas puertas giratorias, entre las que actualmente destaca José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea. En el pasado, Goldman Sachs tuvo en plantilla al exministro de Economía Luis de Guindos (hoy vicepresidente del BCE), Mario Draghi, presidente del BCE, o los exprimeros ministros Mario Monti (Italia) y LuKas Papademos (Grecia).


Roberto Centeno, economista y exconsejero de Campsa, asegura en el documental La Monarquía, un negocio rentable (EiTB) que el rey Juan Carlos de Borbón recibió comisiones millonarias por mediar para la firma de contratos petroleros, ferroviarios y de otros sectores con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Según Centeno, «si alguien piensa que llevarse una comisión de 100 millones es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo». También esta semana salieron a la luz las confesiones del excomisario corrupto José Manuel Villarejo en las que afirma que el CNI ocultó información sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra para proteger al rey emérito y evitar que salieran a la luz sus operaciones de blanqueo de capitales en el extranjero. Esta información se suma a las afirmaciones de Corinna su Zayn-Wittgenstein sobre las comisiones que el monarca habría recibido por sus gestiones a favor del AVE a La Meca.


Dos abogados del Estado clave en la defensa de España en los pleitos internacionales de fondos de inversión por los recortes en las renovables aparcan el servicio público y se pasan al sector privado. Uno de ellos, José Ramón Mourenza, entra en la firma legal Herbert Smith Freehills, que recientemente también contrató al exministro de Justicia Rafael Catalá y tiene en nómina a otros destacados exaltos cargos del PP,  mientras que el otro, Diego Santacruz, entra en un despacho asociado a Herbert –firma contratada a dedo para asesorar a España en los pleitos mencionados– y cuyo nombre no ha trascendido por el momento. Santiago Caravantes, cesado tras el cambio de gobierno como director general de Energía Eléctrica en el Ministerio de Industria, también trabaja ahora para Herbert.


OHL, Imathia y Copasa, empresas constructoras del consorcio español liderado por Renfe que construye el AVE a La Meca, admiten que están sufriendo problemas ante «la falta de medidas de mitigación contra la arena» y anuncian futuros sobrecostes en las obras y labores de mantenimiento de este proyecto.


Entra en vigor el contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas militares, suscrito en julio de este año. La construcción de los polémicos buques comenzará en enero de 2019 y no está previsto que ningún órgano judicial detenga el proceso a pesar de las pruebas que muestran que Arabia Saudí usa sus armas contra objetivos civiles en Yemen, contraviniendo la legislación internacional y española. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública a través de la que el Estado controla Navantia, abrió la puerta a un acuerdo para la construcción conjunta de más corbetas con la armamentística saudí SAMI. Dicho acuerdo para establecer una joint-venture entre Navantia y SAMI contemplaría la cesión de conocimiento y know-how español en materia militar.


El exsenador y exdiputado de CiU en el Congreso y el Parlament catalán Josep Sánchez i Llibre es nombrado presidente de Foment del Treball, la principal patronal catalana.


Iberdrola pide a su comisión encargada de supervisar el cumplimiento de su código ético que revise las relaciones del comisario Villarejo con Ignacio López del Hierro, consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) y marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.


Mapfre, Allianz, El Corte Inglés, Prosegur y Deloitte firmaron un pacto secreto para evitar numerosas denuncias y procesos judiciales tras el incendio y derrumbe del edificio Windsor de Madrid en 2005, según documentos aportados por el jefe de seguridad de El Corte Inglés al jugado número 18 de Madrid. Tras 14 años de investigaciones, siguen sin esclarecerse las causas del incendio.


Varios directivos de Caixabank tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y por supuestamente haber ayudado a miembros de la mafia china a ocultar fondos ilícitos por valor de 99,1 millones de euros.


Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, presenta una nueva denuncia ante los tribunales internacionales contra la compañía de seguros que, a su parecer, debía compensar a la compañía si su filial colombiana Electrocaribe (adquirida en la ola de privatizaciones de finales de los 90) era expropiada por el gobierno. Con esta medida, la energética catalana aspira a ingresar hasta 500 millones de dólares. Los problemas de Naturgy con Electricaribe se remontan a finales de 2016, cuando el Gobierno colombiano tomó el control de Electricaribe después de varios años de apagones y cortes en el suministro de luz,  protestas por la falta de inversión de la empresa española y un elevado nivel de endeudamiento (se multiplicó por cinco en un solo año), a pesar de las cuantiosas subvenciones de Colombia a esta filial.


El Banco Central Europeo investiga a varios altos directivos del extinto Banco Popular al tener indicios de que habrían creado un entramado de sociedades y testaferros en Luxemburgo con la ayuda del fondo Thesan Capital para ocultar pérdidas por valor de 538 millones de euros.


Las compañías hoteleras NH y Barceló contratan a una tercera empresa para boicotear la huelga de su personal de limpieza, que protesta contra la «explotación laboral» a la que se ve sometida, con salarios de menos de 800 euros y, en algunos casos, tarifas de 1,5 euros por cada habitación limpiada y acondicionada. El sindicato ELA denuncia ante la Inspección de Trabajo que se trata de una vulneración del derecho fundamental a la huelga de las kellys.


El diario conservador La Razón, propiedad de Grupo Planeta (Antena 3, La Sexta…), celebra su 20 aniversario con una llamativa lista de asistentes: los reyes de España, Pedro Sánchez y cinco ministros de su gobierno, Pablo Casado, Pablo Iglesias, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cardenal emérito Antonio María Rouco Varela, los empresarios Florentino Pérez (ACS), Josep Oliu (Banco Sabadell), y un largo etcétera.


El sindicato CNT denuncia que Grupo Intereconomía, vinculado al Partido Popular y en concurso voluntario de acreedores, lleva varios meses sin abonar las nóminas a su plantilla mientras sigue contratando personal y dedicando un amplio presupuesto a, por ejemplo, la cobertura de los actos del partido ultraderechista VOX.

El nuevo trabajo de Rafael Catalá, Villarejo, el marido de Cospedal y otras noticias del Ibex 35

La exministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el Congreso. Foto: REUTERS / Susana Vera.

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Herbert Smith Freehills, la firma legal que acaba de contratar al exministro de Justicia y diputado Rafael Catalá como asesor, renovó su contrato -adjudicado a dedo por vía urgente, sin licitación pública- con el Gobierno español en enero de este año, solo unos meses antes de fichar al exministro. Este despacho es uno de los favoritos del Ibex 35 y desde 2011 asesora al Estado español ante las demandas millonarias interpuestas por varias empresas y fondos extranjeros tras la aprobación del impuesto al sol y los recortes en renovables por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que supusieron grandes pérdidas para los inversores que habían decidido apostar por esta energía limpia en España. El primer contrato del Estado asignado a dedo a Herbert Smith tenía una duración de 27 meses (valorado en 2,8 millones de euros, con una minuta de 300 euros netos por hora), mientras que la renovación de este contrato (también sin concurso público) asciende a 1,18 millones de euros y tiene una duración de cuatro años, según La Información.


El Ibex 35 celebra la victoria electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro con importantes subidas en bolsa. Entre los valores que más suben están Telefónica, Banco Santander y DIA, entidades con una fuerte presencia en el mercado brasileño. A principios de octubre, tras la primera ronda de las presidenciales brasileñas, entidades como Bankinter enviaron mensajes a sus clientes felicitándose por la primera victoria de Bolsonaro, a quien calificaba de «pro-business».


El Banco Popular no era insolvente en el momento en que las autoridades dieron luz verde a Banco Santander para adquirirlo por el precio simbólico de un euro, una decisión que hizo que miles de pequeños accionistas del Popular perdieran sus inversiones. En concreto, según los datos facilitados por el fondo de rescate europeo (Junta Única de Resolución), el Popular tenía un agujero de 2.169 millones de euros que podría haberse cubierto con el capital y activos en manos del banco. Hasta ahora la JUR había negado el acceso a esta información.


Además de BBVA, Repsol, Banco Santander, Caixabank y otras grandes del Ibex, el grupo de comisarios corruptos que lideraba José Villarejo también investigó a Pablo Isla, consejero delegado de Inditex, antes de que fuera nombrado para ese cargo. Según explicó el excomisario Enrique García Castaño, socio del «clan policial mafioso» de Villarejo en palabras de la Fiscalía Anticorrupción y conocido como ‘El Gordo’, «los de Zara» le pidieron  investigar a Pablo Isla para comprobar si tenía trapos sucios antes de contratarle. Las conversaciones filtradas señalan que Isla tuvo «algo de un trapicheo» relacionado con «el tema de cómo invertir toda la pasta que tiene fuera», según García Castaño.


Tras una década en el puesto, el banco francés Societé Générale no renovará el contrato de asesor a Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa Dolores de Cospedal. La noticia llega después de que trascendiera la conversación que ambos mantuvieron con el comisario corrupto José Villarejo para pedirle información sobre casos de corrupción en el Partido Popular, aunque desde el banco aseguran que la decisión fue de López del Hierro, que de momento mantiene su puesto de consejero en Iberinco, filial de ingeniería de Iberdrola envuelta y condenada por varios escándalos de corrupción.


La empresa pública Adif, encargada de administrar la red ferroviaria española, reconoce que no dispone de «un inventario completo de edificaciones en servicio y menos aún de los edificios en desuso», en referencia a los más de 660 millones de metros cuadrados de su titularidad repartidos en 2.200 municipios españoles, informa Maldito Dato.


Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell que pedía «crear un Podemos de derechas», asegura que los bancos no son suficientemente rentables y pide al Tribunal Supremo que reconsidere la resolución que determina que sean los bancos, y no los clientes, quienes paguen el llamado ‘impuesto sobre las hipotecas’, una crítica que también pronunciaron otros ejecutivos bancarios del Ibex. Las palabras de Oliu llegan la misma semana en que los grandes bancos presentan sus resultados trimestrales y, a excepción del Sabadell, revelan un considerable incremento en sus beneficios (Banco Santander, +13%; BBVA, +15%; Caixabank, +12%…). Según la agencia Moody’s, los seis principales bancos de España suman 13.909 millones de euros de beneficios netos entre enero y septiembre de 2018, veinte veces más que lo que les costaría empezar a pagar dicho impuesto.


El Parlament catalán llama a declarar a Florentino Pérez, presidente de ACS, los exministros José Manuel Soria (PP), Josep Piqué (PP), Rodrigo Rato (PP), Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián (PSOE), José Montilla (PSOE), Magdalena Álvarez (PSOE) y la ministra Teresa Ribera, entre otros altos cargos para que comparezcan ante la comisión de investigación que trata de dilucidar si se cometieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor. La semana pasada varias organizaciones recurrieron ante el Tribunal Constitucional el archivo de su denuncia por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración Pública en torno al almacén de gas Castor.


Los abusos de la banca española, como las cláusulas suelo, los vencimientos anticipados y los intereses moratorios, generaron en torno a un millón de denuncias y pleitos en España entre 2008 y 2013, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que señala a estas prácticas como corresponsales del «colapso» de los juzgados que dirimen este tipo de procedimientos (solo consiguen tramitar una cuarta parte de las demandas de este tipo que reciben).


La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre expediente sancionador contra Telefónica tras constatar que la empresa habría usado su posición dominante para discriminar a otras empresas en favor de sus clientes propios a la hora de reparar averías en la infraestructura de fibra y de banda ancha.


General Electric, socia de Abengoa en la construcción de una gran planta energética en Arabia Saudí, despide a su director en este proyecto, Manuel Valverde (también director de la filial de ingeniería de Abengoa) por haber favorecido a una de sus empresas en este proyecto, que ya acumula 120 millones de euros en pérdidas.


El oligarca ruso Mikhail Fridman, accionista principal de DIA, propone la presidencia de la cadena de supermercados al expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno.


Juan Roig, presidente de Mercadona, bromea sobre la igualdad de género durante su ponencia en el congreso nacional del Instituto de la Empresa Familiar. «Hablaremos de empresarios y empresarias, porque si no luego te meten en la cárcel (…) todas las empresas y empresos surgimos de un sueño», declaró Roig ante risas del público, antes de añadir que los empresarios «no nacemos para maximizar beneficios. Si no, nos tendríamos que dedicar a la droga». Precisamente en Mercadona el 64% de la plantilla está compuesta por mujeres, pero su cúpula directiva sigue estando integrada principalmente por hombres (37 varones frente a 13 mujeres).


Fuga de capitales en las sicavs españolas, sociedades de inversión de capital variable que usan grandes fortunas -desde las Koplowitz o la hija de Amancio Ortega hasta futbolistas como Gerard Piqué o Iker Casillas- para eludir el pago de impuestos (tributan al 1% en lugar de el 28% que pagan el resto de sociedades). A mitad de 2018, este tipo de sociedades solo invertía en España el 10% de su patrimonio total. Varios analistas interpretan que esto se debe a la decisión de PSOE y Podemos por aumentar el control sobre este tipo de sociedades.


Las principales compañías del Ibex 35 hacen un uso oportunista del Ebitda (indicador del beneficio bruto de explotación -‘Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization’-), según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Dicha identidad sostiene que el Ibex 35 usa este indicador para maquillar pérdidas y caídas de ingresos.


La buena noticia: el paro cae al 14,5% en el tercer trimestre de 2018. La mala: el 28% de las personas con trabajo está en situación temporal, una proporción similar a la que se registró en 2008. En España, de cada 100 contratos laborales nuevos, 27 son temporales, una dinámica que tiene mayor incidencia entre mujeres.


Entre las 200 «entidades» más ricas del mundo hay 175 multinacionales y 25 Estados soberanos, según Global Justice Now. Entre estas corporaciones hay varias compañías del Ibex 35, como Banco Santander (sus ingresos superan a los de los gobiernos de Colombia o Irlanda) y Telefónica (ventas superiores a los ingresos del gobierno de Rumanía). Si se amplía el abanico a 500 entidades, entran también BBVA, Repsol, ACS, Iberdrola, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Mapfre.


Airbnb pagará 72.150 euros de impuestos en España después de trasladar sus ingresos a su matriz en Irlanda. Se estima que esta plataforma de alquileres turísticos oferta más de 200.000 alojamientos en España y tiene más de 5,5 millones de clientes anuales en territorio español.

El exministro Rafael Catalá ficha por una de las firmas favoritas del Ibex 35

Rafael Catalá

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

  • Cinco meses después de dejar el cargo, el exministro de Justicia y diputado Rafael Catalá (Partido Popular) es nombrado asesor del despacho legal internacional Herbert Smith Freehills, uno de los despachos más contratados por el Ibex 35, en el que también ocupa un asiento el exministro de Industria, Exteriores y Ciencia Josep Piqué (Partido Popular). Entre los socios de ese despacho está Leopoldo González-Echenique, presidente de RTVE entre 2012 y 2014. Catalá mantendrá su escaño de diputado a pesar de este nombramiento y seguirá ejerciendo de mediador en nombre del Partido Popular en la en la reforma en curso del Consejo General del Poder Judicial.

  • Tras anunciar un beneficio récord de 2.091 millones de euros, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que las plantas hidroeléctricas que gestiona la compañía (y que son propiedad del Estado) no están amortizadas. En torno a 400 de las 800 plantas hidroeléctricas estatales que hay en España, y que tienen una edad media de 35 años, son explotadas por Iberdrola, que se niega a ofrecer datos sobre estas concesiones públicas (varias licencias tienen 75 años). Varios informes revelan que las empresas del oligopolio eléctrico (Endesa, Iberdrola y Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-) suelen aumentar la producción de estas plantas cuando el precio de la luz está en picos máximos, para maximizar sus beneficios. En los próximos años está previsto que venzan varias de estas licencias.




  • Las organizaciones Xnet, Instuto para los Derechos Humanos y el Observatori del Deute en la Globalització recurren ante el Tribunal Constitucional el archivo de la querella contra Florentino Pérez (ACS) y cinco exministros socialistas y del Partido Popular, a quienes denunciaron por un supuesto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración Pública por el caso del almacén de gas Castor.


  • Continúan las revelaciones en Alemania sobre la mayor investigación por fraude desde la posguerra. Según la Fiscalía de Colonia, Banco Santander, una de las empresas implicadas, habría ejecutado transacciones que facilitaron «una importante evasión fiscal» entre 2007 y 2011 entre 5.600 y 10.000 millones de euros. La Justicia alemana sospecha que Banco Santander aceptaba vender a fondos de pensionesgrandes paquetes de acciones de determinadas compañías antes del pago de dividendos, para devolverlas justo después de que los accionistas fueran remunerados. Dichos fondos de pensiones usaban préstamos del Santander y demás entidades implicadas para llevar a cabo esas compras. Esto permitía al Santander y otros bancos investigados pedir la devolución de impuestos que no les correspondían. Además, Banco Santander se habría puesto de acuerdo con otros grandes bancos y fondos de inversión para vender acciones que no poseían y acordar su compra más tarde (ventas en corto), para generar la sensación de que había numerosos propietarios y después compartir los beneficios de dichas operaciones.

  • La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Caixanova,  a la que achaca un presunto delito continuado de administración desleal, por el agujero de 41,8 millones de euros provocado por esta entidad en la operación urbanística Rivas Vaciamadrid a través de Proinova, su sociedad inmobiliaria.

  • Solo diez de las 139 compañías que cotizan en la bolsa española tienen consejeras ejecutivas. De las compañías del Ibex 35, solo Bankinter, Indra y Banco Santander cuentan con mujeres en el cargo de consejero ejecutivo.


  • La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre Defex, empresa pública española de seguridad, que habría pagado sobornos a funcionarios públicos de Arabia Saudí, Egipto, Camerún, Brasil y Angola para cerrar contratos millonarios de armas y munición.

  • Una tienda propiedad de Tous, y especializada en la venta de relojes de la marca Rolex, ayudó a la mafia china a blanquear dinero. Tres años después de que los Mossos d’Esquadra iniciaran su investigación, la joyería catalana ha decidido ponerse al día con la Agencia Tributaria de forma «voluntaria» tras detectar estas «irregularidades».

  • Entran en prisión el exministro Rodrigo Rato y los ex sindicalistas de Comisiones Obreras Rodolfo Benito y Miguel Ángel Abejón, condenados por apropiación indebida en el caso de las ‘tarjetas black’ durante el tiempo en que estuvieron en la cúpula de Caja Madrid. Antes de ingresar en la prisión de Soto del Real (en la que también está Luis Bárcenas, extesorero del PP), Rato pidió perdón a la sociedad y personas «que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas».

  • Manifestación masiva en A Coruña contra el ERE extintivo de la multinacional del aluminio Alcoa tras anunciar el cierre de sus dos plantas en España y el consiguiente despido de 700 empleados. Alcoa, que alega incapacidad para pagar los costes de la luz en España, recibió más de 1.000 millones en ayudas y subsidios en la última década para abaratar sus costes eléctricos.

  • El Tribunal Supremo recula y falla a favor de que el impuesto sobre las hipotecas recaiga sobre el banco y no sobre el cliente. Además, esta semana varios medios informaron de que Luis María Díez-Picazo, el magistrado del Supremo que mandó a revisar la sentencia sobre el impuesto a las hipotecas, impartió clases en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propiedad de la patronal bancaria Asociación Española de Banca. También se supo que BBVA, Banco Santander y Bankia retiraron de sus páginas web la información sobre sus hipotecas tras la primera sentencia del Supremo a favor de que sean los bancos los que abonen el impuesto de las hipotecas.

  • La Audiencia Nacional archiva la causa contra Mario Conde, expresidente de Banesto, por los delitos de blanqueo y fraude fiscal. Conde fue detenido en 2016 tras ser acusado de haber blanqueado 13 millones de euros de Banesto a través de entidades con sede en Suiza y Reino Unido.

  • Mercasa, la empresa pública española que gestiona los mercados de abastos, regaló artículos de lujo y grandes sumas de dinero a dirigentes extranjeros para hacer negocios en distintos países, entre ellos Angola, Panamá, Argentina, Senegal, Haití y República Dominicana (el presidente dominicano, Danilo Medina, recibió una donación de medio millón de dólares).

  • Diez personas ganan 84.500 euros diarios a través de las 996 viviendas de Airbnb que controlan en Barcelona. El mayor anfitrión de este grupo posee 204 pisos en dicha plataforma.

Más negocios buitre, primeros presos por las tarjetas black y los esfuerzos del Santander por mantener secreta información sobre el Popular

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:


  • Promontoria Plataforma SL, filial del fondo buitre Cerberus, sería la encargada de vender 1.890 viviendas públicas que el fondo estadounidense Blackstone (mayor propietario inmobiliario de España) compró en 2013 por 128 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid con el beneplácito de la entonces alcaldesa, Ana Botella, según informan Diario 16 y Diario6 (Galicia). Entre los consejeros de Promontoria están Juan Hoyos Martínez de Irujo, amigo desde la infancia del expresidente José María Aznar, y José María Aznar Botella, hijo del expresidente y la exalcaldesa. La dinámica se repite: el fondo buitre (en este caso, Blackstone) adquiere viviendas sociales a bajo coste, encarece los alquileres de forma estrepitosa y, cuando llega el punto en que las personas inquilinas no pueden pagar, pone en marcha los desahucios para después revender dichas viviendas a un precio muy superior (gestión de la que se encargaría en este caso Promontoria). Las viviendas con las que hará negocio el hijo de la pareja Aznar-Botella registraron un incremento del precio de alquiler del 49%, mientras que su precio de mercado creció un 227%, según reconoció el fondo buitre (de 128 a 660 millones de euros en menos de cinco años). Dos asociaciones civiles ya han denunciado estos hechos ante la policía. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital sigue con déficit de viviendas sociales en plena burbuja del alquiler.

  • Tras asegurar que recurriría la sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por «falta muy grave», y después de negarse a responder a las preguntas de la prensa, finalmente Josep Borrell, ministro de Exteriores, dice ante el Congreso que «fue un error» vender acciones de Abengoa antes de que la empresa presentase un preconcurso de acreedores usando información privilegiada a la que tenía acceso en calidad de consejero de Abengoa. Borrell asegura que la parte de acciones que vendió fue «muy, muy pequeña», sin dar más detalles sobre el beneficio obtenido. Borrell es el ministro con más patrimonio declarado en el actual gobierno (2,77 millones de euros). La sanción de 30.000 euros representa el 1,1% de dicho patrimonio.


  • La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cede a Banco Santander la gestión de la aplicación oficial de las universidades públicas españolas, bautizada como AppCRUE. La institución que aglutina a los rectores reconoce que no ha cuantificado el valor de la ingente cantidad de datos personales que obtendrá Banco Santander a través de esta ‘app’, que incluirá una amplia gama de productos financieros del banco, que desde hace años ya controla la plataforma Universia.

  • Según ha publicado La voz del sur, el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla (cinco estrellas) despide a las limpiadoras (todas mujeres) a las que pagaba 1,5 euros por habitación después de que solicitaran una inspección de trabajo. El precio de una habitación estándar en este hotel oscila entre los 85 y los 200 euros, según la web de la compañía.

  • El gigante del aluminio Alcoa (Estados Unidos) despedirá a 686 personas de su plantilla en España y cerrará dos plantas de producción después de varios años recibiendo subvenciones millonarias del Estado español (para este año, se calcula que recibirá en torno a 90 millones de euros de fondos públicos; en los últimos años, estas y otras ayudas estatales suman aproximadamente 1.000 millones). Alcoa culpa de esta decisión al elevado precio de la electricidad y a sus «elevados costes fijos». Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, aseguró que se trata de una «cortina de humo» y acusa a la empresa de no haber invertido en mejorar las dos plantas que ha ordenado cerrar.

  • Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, exdirigente del sindicato CCOO, son ya los dos primeros condenados por las tarjetas black de Caja Madrid que entran en prisión. Se espera que en los próximos días ingresen en la cárcel otros condenados por el mismo caso, entre ellos Rodrigo Rato, exvicepresidente económico, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, entre otros cargos.

  • En pleno debate sobre el aumento del salario mínimo hasta los 900 euros, la CNMC informa de que los consejeros ejecutivos de las empresas que cotizan en la bolsa española se aumentaron el sueldo un 12,3% en 2017 (+43% desde 2013). El sueldo medio de los presidentes ejecutivos de Ibex 35 se sitúa en cinco millones de euros al año.

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre expediente sancionador contra las constructoras Acciona, Corsán-Corviam, Dragados (ACS), Ferrovial, FCC, OHL (Grupo Villar Mir) y Sacyr por presuntamente haber constituido un cártel para repartirse grandes concursos públicos para rehabilitar y construir edificios públicos. La CNMC asegura tener documentación y pruebas que muestran, por ejemplo, cómo estas constructoras se reunían semanalmente para preparar sus ofertas ante las administraciones públicas.

  • Altamira, consultora de la división inmobiliaria de Banco Santander, amenaza con desahuciar a medio centenar de familias de un edificio de viviendas sociales situado en uno de los barrios más empobrecidos de Cambre (La Coruña).

  • Una nueva sentencia del Tribunal Supremo obliga a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas, un dinero que hasta ahora abonan los clientes de dichas hipotecas.

  • Banco Santander presenta un recurso de apelación para evitar que la Audiencia Nacional haga pública la documentación secreta sobre la situación de Banco Popular, entidad adquirida por el Santander por el precio simbólico de un euro después de abocarse su quiebra. Diversos medios aseguran que dichos documentos, procedentes del Banco Central Europeo y el Banco de España, revelan que el Popular era solvente en el momento en que fue adquirido por Santander con la excusa de evitar su derrumbe, un hecho que daría la razón a miles de pequeños accionistas que perdieron sus inversiones después de que la entidad que preside Patricia Botín se hiciera con el control del popular.

  • Al menos dos nuevas puertas giratorias esta semana. Por un lado Santiago Ferrer i Costa, exdiputado del Parlamento balear (coalición COP) y exvicepresidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera entra en el consejo de Enagás, sociedad participada por el Estado que tiene el monopolio del transporte de gas en España. Por otro lado, la francesa Renault nombra consejera a Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente (Partido Popular) y expresidenta de la CNMV entre 2012 y 2016.

  • La Fiscalía de Colonia (Alemania) investiga a Banco Santander por su presunta implicación en el mayor caso de fraude fiscal de la historia de ese país, por un valor que asciende a 7.000 millones de euros, informa El Confidencial. La Justicia alemana sospecha que el Santander y otros grandes bancos compraron y vendieron millones de acciones de empresas, principalmente alemanas, para obtener certificados fiscales que después facilitaban la devolución de unos impuestos que, en realidad, no habían pagado.

  • Las Socimis y las Sicav, sociedades utilizadas por las grandes fortunas para eludir el pago de impuestos y especular en el sector inmobiliario, no se verán afectadas por el aumento de impuestos y supervisión fiscal del plan presupuestario para 2019 aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez.

  • El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, es nombrado nuevo presidente del Consejo de Deusto Business School, una de las universidades de élite favoritas de los altos mandos del Ibex 35. Sustituye en el cargo a Alfredo Sáenz, exvicepresidente de Banco Santander.

Resumen Ibex35: El gobierno de Rajoy usó empresas públicas para retirar fondos en Cataluña

El presidente Mariano Rajoy junto al rey Felipe y el president Artur Mas junto al AVE en 2013. Foto: REUTERS / Stringer.

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

  • El Estado español contribuyó al alarmismo generado en el ámbito empresarial y financiero en el marco del procés catalán. Renfe, Adif, Puertos del Estado, RTVE y otras empresas propiedad del Estado pusieron en marcha una retirada masiva de depósitos de bancos catalanes tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. Entre otros ejemplos, dichas compañías públicas dieron orden de sacar «2.000 millones de euros del Sabadell en un solo día», según el diario ARA.

  • Entre 2012 y 2017, BBVA pagó más de cinco millones de euros al comisario Villarejo por una serie de trabajos «de inteligencia» que ahora investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, según El Independiente. El banco reconoce los 21 pagos realizados y asegura que se hicieron «en cumplimiento con la legislación», sin aportar más detalles.

  • La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sanciona a Josep Borrell, ministro de Exteriores y exconsejero de Abengoa, por usar información privilegiada para vender acciones de dicha compañía, con ayuda de su exmujer (las acciones estaban registradas a su nombre), poco antes de la quiebra de Abengoa. El ministro asegura que recurrirá la sanción, cuya cuantía no ha trascendido (no es posible saber si la multa es superior al dinero que se embolsó en dicha operación). Además, unos días antes de que saltara la noticia, el Gobierno puso en marcha una reforma legal urgente que habría impedido que esta información trascendiera a los medios. No es el único problema que Borrell ha tenido con Abengoa: en 2012 fue expulsado de la dirección del Instituto Universitario Europeo de Florencia por no comunicar que era asesor de dicha compañía.

  • Bankinter envía un mensaje a sus inversores felicitándose por la victoria en primera vuelta presidencial del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, a quien califica de «pro-business», informa La Marea. Bolsonaro es un político brasileño que pronto podría ser presidente a pesar de su discurso homófobo, machista, racista y de incitación al odio, un problema que ya está aumentando el número de agresiones contra personas de estos colectivos en el país más grande de América Latina.

  • Un documento confidencial del Banco de España en manos del Banco Central Europeo revela que Banco Popular tenía liquidez suficiente (600 millones de euros) para abrir sus oficinas el día en que se declaró su quiebra y se autorizó su venta a Banco Popular por un euro. Además, el Popular llevaba tres meses trabajando con el Banco de España en un plan de emergencia, lo que choca con las declaraciones del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y otros altos cargos, sobre la supuesta solvencia y continuidad garantizada de la entidad. El silencio del Banco de España en ese tiempo habría sido clave para que miles de pequeños accionistas del Popular perdieran todo su dinero invertido.


  • Comienza el juicio contra Narcís Serra, exvicepresidente y exministro de Defensa en los gobiernos socialistas de Felipe González, entre otros cargos. Serra, acusado de dos presuntos delitos de administración desleal y una «irresponsable política de retribuciones» durante el periodo en que fue presidente de Caixa Catalunya (subió los sueldos de la cúpula del banco en pleno proceso de rescate con 1.250 millones de euros de fondos públicos), asegura estar «convencido» de que el Banco de España y la Generalitat catalana conocían los aumentos salariales de CatalunyaCaixa, que calificó de «prudentes». De momento, la Audiencia Nacional ha reducido de 9,5 millones de euros a 2,56 millones la fianza de la antigua cúpula de CatalunyaCaixa.

  • Pocos días después de que el precio de la luz marcara un récord histórico en septiembre, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (integrante el oligopolio eléctrico español), asegura en el Congreso de los Diputados que el precio del pan ha subido más que el de la luz en los últimos 40 años. Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, respondió que solo en los últimos 15 años «la luz ha subido un 92%, más del doble que el pan, que ha subido solo un 40%». Se espera que en octubre el precio de la factura de la luz marque otro nivel récord.

  • Prácticamente todos los dirigentes y ejecutivos de bancos y cajas de ahorros condenados por los tribunales españoles por negligencias en su gestión han evitado la cárcel, informa EFE. Entre las excepciones están el difunto Miguel Blesa (Caja Madrid) y varios exdirectivos de cajas de Galicia. Diez años después del estallido de la crisis, en España no hay un solo directivo bancario entre rejas, aunque pronto podría entrar en prisión Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del gobierno de Aznar y expresidente de Caja Madrid y Bankia, quien recientemente inyectó un millón de euros en cuatro sociedades administradas por sus hijos a pesar de tener todos sus bienes embargados. De hecho, Rato podrá escoger el presidio en el que desea ingresar.


  • Feminismo capitalista 2.0: tras los guiños feministas en Twitter de la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, la entidad ha decidido lanzar un nuevo fondo de inversión que solo pondrá dinero en compañías que cumplan ciertos requisitos de igualdad de género.

  • El Banco Central Europeo y la Comisión Europea piden al Gobierno español que realice cambios legislativos para que las fundaciones bancarias abandonen el capital de las antiguas cajas de ahorro. Entre las entidades que se verían más afectadas por estas medidas están Kutxabank, Unicaja, CaixaBank y Liberbank.


  • Supermercados DIA, una de las compañías que integran el Ibex 35, ya está en manos del banco estadounidense Goldman Sachs, el fondo soberano noruego Norges Bank y el fondo Letterone, controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman (ya suman el 50,1% del capital social de la cadena de supermercados). En los últimos días estos tres actores han ampliado su proporción de acciones en DIA y se espera que Goldman Sachs alcance el 30% de las acciones de DIA, lo que le permitiría lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para controlar el 100% de la compañía.

  • Nueva puerta giratoria: Román Escolano, exministro de Economía (sucesor de Luis de Guindos), acepta un puesto de asesor externo en EY (Ernst & Young), una de las cuatro firmas que conforman el cártel mundial de auditorías y consultorías, conocidas en el mundillo financiero como ‘las Big Four‘. Precisamente EY, junto con Deloitte, KPMG y PwC jugaron un papel clave en el estallido de la crisis de 2008 (cometieron «errores» al dar su visto bueno a las cuentas de numerosas corporaciones y bancos) y, al mismo tiempo, se embolsaron más de 200.000 millones de euros gracias a la posterior aparición de la «industria del rescate», cooptada por estas cuatro firmas y consistente en asesorar a los gobiernos en materia de rescates con fondos públicos.

  • El Clut Atlético de Madrid se plantea diversificar su negocio e ir más allá del fútbol para abrirse paso en el lucrativo mercado de la distribución y venta de gas, petróleo, agua y electricidad. De momento, ya ha registrado la marca ‘Energía Rojiblanca’, según La Información.

  • La familia Lara, propietaria de Grupo Planeta (Atresmedia, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, La Razón, Editorial Planeta…) vende su 2% de Banco Sabadell para pagar deudas. Los Lara, una de las familias más poderosas de la alta burguesía catalana, llegaron a controlar el 7% del capital social del Sabadell.

  • El régimen saudí marca distancias con el Ejecutivo español en el negocio del AVE a la Meca y pide que su interlocutor institucional con España sea el rey emérito Juan Carlos de Borbón, recientemente acusado por su supuesta amante, Corinna su Zayn-Wittgenstein, de cobrar comisiones millonarias a cambio de interceder ante los saudíes en favor de multinacionales españolas.