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Hoy por ti, mañana por mí. Especial puertas giratorias de las energéticas

Descarga el especial Puertas Giratorias Energéticas, incluido en #LaMarea62.  Identificamos a más de 175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías. 

JOSÉ BAUTISTA / DANI DOMÍNGUEZ / EDUARDO ROBAINA / ANA ORDAZ // Las puertas giratorias existirán siempre, y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir” [sic], aseguraba en enero Pedro Solbes, exministro de Economía y Hacienda, ante la Comisión parlamentaria que investigó la crisis, la quiebra de las cajas de ahorros y su posterior rescate con dinero público. Hasta 2014, Solbes fue consejero de Enel, la eléctrica italiana que se hizo con el control de Endesa con el beneplácito del gobierno socialista del que él formaba parte. Su sucesora en el ministerio, la socialista Elena Salgado, economista de profesión, también trabajó en Endesa. Fue nombrada consejera de la eléctrica española menos de un año después de dejar el cargo. Salgado asegura “entender” las puertas giratorias y se escuda en que en realidad su “vocación inicial fue la de ser ingeniero de energía”. También fue consejero de Endesa Luis de Guindos (PP), sucesor de Salgado en la cartera de Economía, quien antes de llegar a la eléctrica había sido secretario de Estado de Economía a las órdenes del entonces ministro Rodrigo Rato.

El sector de la energía es uno de los que más puertas giratorias aglutina. Endesa no es más que un ejemplo: en su plantilla han trabajado al menos un presidente, cinco ministros y una larga lista de altos cargos públicos, desde secretarios de Estado hasta consejeros autonómicos. Al igual que Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías energéticas, Endesa también era una empresa pública y estatal, pero el gobierno de Felipe González (PSOE) inició su privatización, obra que culminó José María Aznar a finales de los noventa.

Hay puertas giratorias que dejan transcurrir varios años desde que salen del gobierno hasta que fichan por alguna compañía del ramo energético. En otros casos, solo transcurren meses. Hay exaltos cargos del Estado que entran en los consejos de estas empresas por su reputada trayectoria profesional y académica, como es el caso de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica. No obstante, la mayoría no dispone de experiencia previa ni estudios o perfil técnico relacionados con el sector. Un caso llamativo es el de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil y actual consejero de la misma compañía. Fernández no tiene estudios universitarios y, fuera del ámbito político, solo ha trabajado como ayudante de jardinería.

En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Basta repasar las hemerotecas para dar cuenta de esto. Por entonces aún abundaban los perfiles técnicos, hecho que evitaba posibles escándalos como los que provocan actualmente ciertos nombramientos. Pero las privatizaciones iniciadas por Felipe González y culminadas por José María Aznar dieron un giro a esta dinámica. Fabra ilustra este cambio con una anécdota: “Tras varios años, fui a Endesa para hablar con el consejero delegado. Entré en el garaje y me encontré que aquello parecía un concesionario de BMW. Aquello había cambiado completamente. Los sueldos de los directivos eran escandalosos”.

Tras el estallido de la crisis, buena parte de la ciudadanía empezó a cuestionar el fenómeno de las puertas giratorias. Son conocidos los casos de los expresidentes Leopoldo Calvo Sotelo (UCD, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy–), José María Aznar (PP, Endesa), o Felipe González (PSOE, Gas Natural Fenosa), quien argumentó que dejaba su cargo en la empresa gasista no porque hubiera incompatibilidades, sino porque era «muy aburrido”.

Sin embargo, aún pasan desapercibidos otros altos cargos con menos visibilidad mediática pero que juegan un papel clave a la hora de pensar y redactar leyes, decretos y órdenes ministeriales. “La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de organismos reguladores, abogados del Estado, economistas del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más”, explicaba Jorge Fabra a La Marea a principios de 2017.

Que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, la venta de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía –sirvan de ejemplo los efectos del encarecimiento de la luz o la gasolina–. Debido a esto, los sucesivos gobiernos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, supuestamente, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político.

Un negocio exclusivo

Por otro lado, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo, es decir, es necesario tener grandes sumas de dinero para, entre otros, construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia necesaria para obtener licencias operativas. No es lo mismo vender pan que vender petróleo, por eso en España hay más de 15.000 panaderías, según la patronal CEOPAN, y poco más de una decena de petroleras distribuyendo crudo, por poner un ejemplo. Tampoco es normal que tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acaparen en torno al 90% de la producción eléctrica nacional. En resumen, el pastel energético se reparte entre pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético.

En el Ibex 35, principal selectivo bursátil español, hay seis compañías del ramo energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España. Las cuatro últimas eran empresas públicas, propiedad del Estado hasta finales de los años 90. Las dos últimas –Enagás y Red Eléctrica– siguen teniendo como accionista mayoritario al Estado, que es quien garantiza por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y electricidad, respectivamente), aunque el 80% de sus dividendos –dinero con el que la empresa ‘premia’ a sus accionistas– va a parar a manos privadas, como fondos de inversión extranjeros como Blackrock o grandes bancos, como Caixabank. Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.

En #YoIBEXtigo identificamos a más de 175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías. Se trata de un fenómeno ampliamente extendido en España, suavizado por los principales medios de comunicación, que cada año ingresan parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, sin importar su ideología. PSOE y PP aglutinan la mayor parte de las puertas giratorias, aunque en el juego también entran PNV, Esquerra Republicana, la extinta CiU e incluso líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, entre otros. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y ninguno de esos nombres fue vetado por la Oficina de Conflictos de Interés, el ente público encargado de sacar tarjeta roja a los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.

AMISTADES Y FAMILIARES

Eduardo Robaina y Dani Domínguez

Uno para todos, todos para uno. José Folgado es presidente de Red Eléctrica desde 2012. Tres veces secretario de Estado con Aznar, llegó a su actual puesto tras renunciar a la alcaldía de la ciudad madrileña de Tres Cantos, cargo que ostentaba desde 2007. Abandonó pocos meses después de ganar las elecciones, pero no lo hizo solo. Tras él, un efecto dominó. Primero fichó a Beatriz Elisa de Munck Loyola, su exjefa de gabinete y primera teniente de alcalde, como directora de gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales en REE. Tuvo una suerte similar Daniel Arveras, antiguo director de comunicación del municipio madrileño, que pasó a ser asesor externo del departamento de Comunicación de la compañía eléctrica.

Todo queda en familia. Desde perfiles técnicos a personalidades sin conocimiento de la materia, pasando por aquellos elegidos que tienen lazos familiares directos con altos cargos del Estado. Dos de los casos más emblemáticos son los de Ignacio López del Hierro Bravo, marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y Alberto Nadal, hermano gemelo del exministro Álvaro Nadal. Tras ser propuestos como nuevos consejeros de REE, ambos aseguran que renunciaron pocos días después para no perjudicar a sus respectivos familiares (por entonces, Álvaro Nadal era director de la Oficina Económica del presidente Rajoy). En el caso de Iberdrola, son varias las veces que se han llevado a cabo estas prácticas. Ana Bono Rodríguez, hija del exministro José Bono –amigo de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía–, trabaja como jefa de equipo en el área de regulación del departamento jurídico. También Marta Ares Godoy, primogénita de Rodolfo Ares, exconsejero socialista de Interior en el Gobierno vasco (2009-2012), figura en nómina de Iberdrola, una lista a la que también se suma N. Alfonsín Uranga, hija del actual jefe de la Casa Real, quien ejerce como Junior Brand Manager desde agosto de 2016.

Ni experiencia ni estudios. En noviembre de 2016, Arsenio Fernández de Mesa dejó su puesto como director general de la Guardia Civil. El 31 de enero de 2017, REE anunciaba su incorporación como consejero independiente. REE afirma que este antiguo auxiliar de jardinería, sin experiencia ni estudios en el sector energético, era “idóneo para el cargo” y por ello le asignó un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. No obstante, Fernandez Mesa no es el único que ha pasado por una energética del Ibex35 sin tener estudios ni experiencia en el sector.

Cosa de hombres. De las más de 175 puertas giratorias documentadas por La Marea en las seis empresas energéticas del Ibex35, el 85% están copadas por hombres. Endesa es la compañía con menor número de mujeres en las puertas giratorias: solo dos de las 33 halladas, es decir, el 6%. Le siguen de cerca Gas Natural Fenosa y Repsol, con cuotas de puertas giratorias femeninas del 6,2% y un 9,1% respectivamente. En el lado contrario se encuentra Red Eléctrica, donde el 32,3% de las puertas giratorias son mujeres.

Indemnizaciones millonarias. Es paradigmático el caso de Red Eléctrica ya que, aunque el Estado es su principal accionista, no revela las indemnizaciones que reciben sus cargos tras ser despedidos. Por otra parte, Repsol es una de las empresas del sector energético más generosas con los salarios y los pagos por despido de sus consejeros y directivos. Destacan casos como el de Fernando Ramírez Mazarredo, quien se embolsó algo más de nueve millones de euros tras su salida de la compañía en 2010 y se valió de técnicas de ingeniería fiscal que le permitieron tributar menos (ese año ingresó más de 11 millones de euros y Hacienda le devolvió 53.367).

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La ‘igualdad formal’ de Endesa

Foto: Frankieleon.

Una de las medidas del IV Convenio Colectivo de ENDESA es «facilitar la incorporación de las mujeres en las vacantes que se produzcan en aquellos puestos de trabajo en los que se encuentren subrepresentadas». A estos efectos –continúa el documento– se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: «En los supuestos de igualdad de condiciones de idoneidad, mérito y capacidad, tendrán preferencia para la contratación o adjudicación de las vacantes que se generen, en el Nivel Competencial de que se trate”. Hasta ahí lo que dice el papel. La realidad ha constatado, una vez más, la inaplicación de una acción positiva de género. O lo que es lo mismo: la igualdad, en la mayoría de los casos, sigue siendo formal. Así lo refleja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha dado la razón a una trabajadora. La mujer perdió la vacante ofertada por la empresa a pesar de estar en igualdad de condiciones de mérito y capacidad que el hombre que obtuvo la plaza.

«El contexto objetivo de infrarrepresentación femenina no puede ser olvidado a la hora de efectuar una correcta valoración de méritos y capacidades de la actora en relación con el candidato seleccionado, pues permite detectar discriminaciones indirectas en la fase previa de valoración, es decir, con anterioridad a la aplicación, en su caso, de la acción positiva de género», sostiene la ponente de la sentencia, la magistrada Gloria Poyatos.

«Hay que recordar que las discriminaciones indirectas –añade– son la modalidad discriminatoria más abundante en nuestro siglo y también visibiliza aquellas discriminaciones opacas o infravaloradas, que en muchas ocasiones aparecen soterradas bajo estereotipos y prejuicios banalizados en una sociedad que tan solo ha sido capaz de conquistar, hasta el momento, la igualdad formal. Esta nueva forma de discriminar en nuestro siglo, indirecta y más sutil, se oculta muchas veces tras decisiones aparentemente neutras que discriminan por razones de género perpetuando por ejemplo, la infrarrepresentación de las mujeres en determinados puestos de trabajo. Y ello tiene su reflejo incuestionable en la brecha salarial existente en el siglo XXI entre hombres y mujeres».

Según la jueza, además, la empresa incumplió también otro artículo de su propio convenio, que establece que los trabajadores y trabajadoras que lleven a turno cerrado más de diez años «tendrán preferencia en la adjudicación de las vacantes que soliciten fuera de dicho régimen de trabajo, siempre que cumplan con los requisitos y capacidades exigidos para el desempeño del puesto». La mujer también cumplía este requisito, mientras que el hombre seleccionado no.

«Los planes de igualdad en las empresas, y la inclusión en los mismos de actuaciones concretas para promover la igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben ser una herramienta real y no formal», concluye la magistrada, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y premiada en 2017 por la organización Women’s Link por juzgar con perspectiva de género.

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Endesa en Galicia: una playa sobre la mina de carbón

El lago artificial recibe aportación de agua de diferentes ríos. Foto: Toni Martínez.

TONI MARTÍNEZ // Cuando el 31 de diciembre de 2007 se dejó de extraer carbón de la mina a cielo abierto de As Pontes, Endesa ya tenía en mente un plan. La empresa debía buscar una solución ante la obligación legal que tenía de rellenar el hueco que dejaba su actividad minera. «Llenémoslo de agua y hagamos un lago con una playa en el centro de Galicia», debió pensar alguien en un despacho. Una solución rápida y relativamente barata para tapar un agujero de 806 hectáreas, con una profundidad superior a los 200 metros en algunas zonas.

Dicho y hecho. Durante cuatro años la empresa se dedicó a inundar el hueco de la mina. En total se necesitaron 547 hectómetros cúbicos de agua, más o menos lo que corresponde al consumo medio anual de 11 millones de españoles. El agua salió principalmente del río Eume, que aportó el 63% del caudal, y de varios arroyos y ríos como Illade y Meidelo.

Finalmente, en mayo de 2012, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo (PP), acompañado del máximo responsable de Endesa, Borja Prado, inauguró el lago. Durante el acto, los técnicos de la compañía energética aseguraron que el lago tendría olas de dos metros y una temperatura idónea para el baño de 25 grados centígrados. En agosto de ese mismo año, tras volcar 90.000 toneladas de arena en la orilla, se daba por inaugurada la playa en un acto presidido por Valentín González (PSOE), actual alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña. El político proclamaba que a partir de ese día, el municipio se iba a colocar como uno de «los primeros destinos ambientales del país».

Hoy, cinco años después, la realidad se aleja de aquella visión idílica. Es pleno mes de agosto. El pueblo ha amanecido con sol y una agradable temperatura de 24 grados. Sin embargo, a las 12.00 horas la playa está vacía. Solo unos pocos hacen prácticas con sus remos en piraguas y en el chiringuito dos personas beben un refresco. Nadie más. Mientras tanto, las costas gallegas cuelgan sus carteles de completo en la mejor temporada turística que se recuerda.

«A mí no se me ocurriría bañarme allí, a saber qué me pasa», explica enigmática una vecina ante un corrillo de amigos. «¿Por qué?». «No sé, no me fío». Pese a ello, en la arena de la playa artificial, un cartel explica que las aguas reciben la clasificación de «Excelente». «Es la mayor calidad posible», apunta a través del correo electrónico Ramón José Valle García, responsable de Medio Ambiente de Endesa en As Pontes. El experto, sin embargo, no aclara dónde se han realizado esas mediciones ni si se hacen de manera periódica. «El lago es de dominio público hidráulico por lo que le corresponde a la Administración el control físico-químico y microbiológico en función de la legislación vigente», aclara.

Los pequeños grupos ecologistas que se atreven a cuestionar el lago artificial inciden en que el mal inicial se produjo con la mina a cielo abierto y que esto únicamente es un parche. Sobre la calidad de las aguas, alertan de su carácter sulfuroso propio del terreno, algo que Endesa insiste en que solucionó con una gruesa capa de arcilla para evitar filtraciones.

Riesgo de tsunami

En todo caso, la mayor alerta ecologista viene por lo que el director del Instituto Universitario de Geología de la Universidad de A Coruña, Xoán Ramón Vidal Romaní, calificó como «una bomba de tiempo de la que no sabemos cuándo va a estallar ni sus consecuencias». El lago artificial se sitúa sobre una falla activa. A su juicio, la inmensa cantidad de agua inyectada junto a la falta de resistencia geológica, podría provocar un tsunami a escala local de impredecibles consecuencias. Junto al lago, como cruel metáfora, el Ayuntamiento ha señalizado lo que denomina como «Paseo de la Memoria», en recuerdo de los habitantes de las parroquias y aldeas que fueron expropiadas por Endesa y que han visto cómo sus tierras han acabado convertidas en una enorme balsa de agua. Eso sí, el paseo está patrocinado por Endesa.

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El final del imperio de Endesa en Galicia

Rastros de la mina de carbón sin desmantelar. Foto: Toni Martínez.

TONI MARTÍNEZ // Dos ñandúes salen al paso de los caminantes que pasean por la estrecha acera situada cerca de las macro instalaciones que Endesa posee en As Pontes de García Rodríguez, un municipio en la frontera que separa A Coruña y Lugo. Junto a estos dos exóticos animales hay también gallinas, avestruces, un pavo real y varios ciervos, todos ellos a escasos metros de cuatro gruesas chimeneas que no dejan de echar vapor de agua, y otra mucho más fina y alta que expulsa humo producto de la quema de carbón. Con este pequeño zoo, que mengua año tras año, Endesa quiso demostrar a principios de la década de los 80 que era posible la convivencia feliz entre los seres vivos y su producción de energía.

La multinacional posee en la villa coruñesa una central térmica, una hidroeléctrica, un parque de carbón, dos presas y una amplia extensión de terreno que incluye un lago artificial creado en la antigua mina. La central y la mina asociada a ella han sido las infraestructuras más contaminantes del Estado español en los últimos años. La bonanza económica que vivía la zona tapaba cualquier denuncia de contaminación. Luis [no quiere que su nombre verdadero aparezca publicado en el reportaje] pertenecía a un pequeño grupo ecologista y asegura que la contaminación se notaba en las aldeas cercanas. «El polvo que flotaba en la atmósfera quemaba las cosechas; caía en una col y estaba perdida», apunta. «Además –continúa– destrozaron muchas mámoas [dólmenes funerarios] de una riqueza patrimonial muy importante». Luis señala a las presiones de Endesa y al carácter gallego la falta de presión social sobre la central, incluso ahora, cuando asegura que toda la contaminación que todavía produce la central acaba en el río y llega a Pontedeume, un municipio cercano.

Una frase explica muy bien el porqué de este desinterés. Siempre que se habla con un vecino acaba soltando un mantra que ha triunfado: «Dicen que la contaminación llega más a los ingleses que a los de aquí». Aun así, obligada por las directivas comunitarias sobre contaminación, Endesa tuvo que cerrar su mina a cielo abierto a finales de 2007 y adaptar su chimenea a un tipo de carbón menos contaminante y que ahora mismo se importa desde Indonesia y EEUU a través del puerto de A Coruña.

Desde hace una década, diferentes organizaciones internacionales vienen alertando de los problemas que, pese a esos procesos de adaptación, todavía ocasiona la central térmica de Endesa en As Pontes. Por ejemplo, un informe realizado en 2008 por la consultora inglesa EMRC advertía de que se trataba del mayor foco emisor de toda Europa que más daños provoca a la salud debido a las altas emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno. En 2013, la organización ecologista SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) publicó un informe en el que aseguraba que la continuidad de Enel-Endesa en As Pontes es responsable de 54 muertes prematuras al año, con un coste estimado en salud de 292.831.796 euros. Año tras año, la central térmica encabeza el ranking como la empresa más contaminante de España, según los datos hechos públicos por la Comisión Europea, al emitir 6,9 millones de toneladas de CO2 al año.

Pero esas cifras parecen tener los días contados. Desde 2005 se intuye el cierre de la instalación, algo que se teme en el municipio coruñés. «Si se va Endesa no hay alternativa», se lamenta el profesor jubilado José María López, una opinión que comparten la mayoría de los vecinos. Xose M. Ribeira, jubilado de Endesa y ahora en la formación Xuntos por As Pontes, incide en que «no ha habido una transformación política para hacer frente a ese cierre» por lo que, a su juicio, tendría graves consecuencias.

A la espera de que llegue ese momento, Enel-Endesa ya ha ido dando sus primeros pasos. En 2005 empezó a utilizar solo carbón de importación, por lo que dos años después cerró su mina. En 2007, vendió varios equipos a la empresa polaca Kopalnia Wegla Brunatrego. En abril de 2012 acabó el proceso de recuperación del antiguo agujero que dejó la actividad minera. Ahora la empresa energética ya ha anunciado el cierre de su central térmica en Andorra (Teruel) para el año 2020 y detrás podría ir la de Compostilla, en León.

Lo cierto es que nadie en As Pontes habla mal de Endesa. Al menos nunca en público, y si lo hacen en privado dejan muy claro que no quieren que su nombre aparezca vinculado a ninguna crítica a la empresa. Ni siquiera hay un grupo ecologista en activo en un pueblo con una superficie de 249,37 km cuadrados, el más extenso de la provincia. La mayor parte del término municipal, excepto la ocupada por Endesa, son bosques y caminos rurales. Tampoco los partidos políticos cuestionan la central. Un parque inaugurado por el alcalde del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que gobernó tres legislaturas (1995-1997 y 1999-2007) y el presidente de Endesa muestra la buena sintonía entre empresa y poder político.

Ribeira lo explica sin ambages. «Los alcaldes nunca le plantaron cara a la central», afirma. Y critica que el dinero que dejó Endesa en las arcas municipales «se usó para hacer obras y no para pensar en el futuro creando un tejido industrial». Ribeira reparte culpas entre todas las formaciones políticas: «Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. El pueblo vive de la central, pero cuando se vaya…». Ribeira fue dirigente del sindicato CIG (Confederación Intersindical Galega), mayoritario en Endesa. Sobre aquella época pone en valor la lucha sindical. «Hubo 29 muertes en el montaje de la central e hicimos huelgas muy fuertes», recuerda. Como anécdota relata una situación vivida «poco antes de morir Franco», cuando «llegó un inspector de trabajo para impedir una huelga, era Paco Vázquez», quien después sería alcalde de A Coruña y destacado dirigente socialista.

Los trabajadores de la entonces empresa pública tienen varios derechos adquiridos durante años. Entre ellos, destaca que ninguna de las familias que allí trabajaban pagan la luz y que sus hijos tenían los estudios universitarios pagados. Además, se creó una «caja de previsión social de los trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad S.A.» en octubre de 1985, que nació con 18 millones de pesetas de subvención inicial y una aportación anual por cada empleado fijo. Esta situación hizo que muchos de ellos se jubilasen y prejubilasen, con un fondo de pensiones con el que complementan la paga que reciben de la Seguridad Social y que muchos usaron para irse del municipio. Porque As Pontes creció al calor del negocio energético, aunque desde la última década está perdiendo fuelle y vive pendiente de lo que decidan los propietarios italianos sobre su futuro.