La primera batalla de la nueva CaixaBank se la ha llevado el sector de los negocios. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, triplicará su sueldo respecto al año pasado. De esta forma, pasará de 500.000 euros anuales en Bankia a los 1,65 millones que se embolsará anualmente en la nueva entidad. En un momento en el que pretende despedir a 7.791 personas.
Su antecesora, La Caixa, ha sido siempre muy sensible a la hora de cuidar su imagen. Pero en esta ocasión se ha obviado la indignación de la opinión pública ante la noticia. También las posiciones defendidas por las vicepresidentas Nadia Calviño (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos) y que el Estado votara en contra. Lo hizo a través de Teresa Santero, miembro del Consejo de Administración en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee un 16% del accionariado del banco.
Por ello, cabe preguntarse: ¿de qué sirve que ese porcentaje accionarial esté en manos públicas? ¿Va a tener el Estado algún tipo de poder de decisión en la deriva de la primera entidad financiera española en número de activos?
Erika González, investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y coautora de A dónde va el capitalismo español (Traficantes de sueños, 2019), defiende que es necesario relativizar estos porcentajes, ya que “tener un 16% es algo significativo para influir en la toma de decisiones”. Sin embargo, considera que “el problema se produce cuando el 30% del accionariado está en manos de Criteria Caixa”, un holding de inversiones “cuyo principal objetivo es la rentabilidad y la maximización del dividendo”. En esta ocasión, el vencedor ha sido claro.
Coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.