Alba (nombre ficticio) hace tres meses que trabaja como rastreadora -o scout– en la empresa Ferroser, filial de Ferrovial, contratada por la Generalitat de Cataluña por 17,7 millones de euros. Su trabajo, como la del resto de rastreadores de la empresa, es llamar a los contactos estrechos de las personas positivas en COVID-19, para hacerles seguimiento durante el período de aislamiento. Los datos de los contactos les llegan desde la atención primaria, de la información que recogen los gestores COVID en los CAP, y los scouts se encargan de hacer tres llamadas a cada persona: el primer día, el séptimo día y el décimo día de aislamiento.

El problema, sin embargo, según explica Alba, es que no se hace un seguimiento real, porque muchas veces los rastreadores llegan tarde. La causa del retraso, señala, es el mismo sistema proporcionado por la empresa. «El principal problema es el sistema informático que utilizamos. Falla constantemente, por lo que hay días que casi no podemos hacer llamadas. A veces, en una jornada laboral de ocho horas, sólo puedes hacer doce llamadas. Pasan los días y no hay mejoras», explica. Esto, indica, hace que los rastreadores vayan un mes tarde. «Llamamos a personas que ya hace un mes que han terminado el confinamiento, no tiene ningún sentido», dice. Además, comenta que muchas veces se llaman personas que las que ya han contactado otros compañeros, porque el sistema no guarda bien los casos ya gestionados.

Según explica Laia, otra scout que no quiso proporcionar su nombre real por miedo a represalias, en muchas ocasiones se dobla el trabajo que hacen los CAP y los rastreadores de Ferrovial. «Cuando un contacto da positivo, esto no queda bien grabado en el aplicativo y, por tanto, llamamos a la persona nosotros y también el centro de atención primaria. Esto supone un derroche de recursos y de tiempo».

Laia apunta que el sistema informático está saturado. «Estamos trabajando un total de 200 personas de manera simultánea con la misma base de datos y la aplicación no está preparada para que la use tanta gente». La situación es insostenible: «No puede ser que se contrate a tanta gente y que no existan los medios adecuados para hacer bien el trabajo», señala Laia.

Según Alba, el único objetivo de la empresa es obtener beneficio, no ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. «Se trata de una empresa mafiosa a más no poder que lo único que busca es embolsarse una enorme cantidad de dinero», señala. Alba explica que los trabajadores están muy quemados con la situación. «Ves que es inútil el trabajo que haces y eso te desmotiva. Mucha gente entra a trabajar con ilusión para poder ayudar en la situación que estamos viviendo, pero luego ven que no es útil el trabajo que hacen, porque el rastreo es de una ineficiencia brutal».

En la misma línea se expresa Jan, que también ha querido preservar su identidad real. «La sensación que tenemos es que trabajamos para cumplir estadísticas. Lo que hacemos no tiene ningún sentido, porque no cortamos la cadena de contactos. Creo que simplemente quieren números para poder enseñarlos a la Generalitat y que ésta les siga renovando el contrato». Según él, la empresa no está gestionando el proyecto de acuerdo con su importancia. «Ha quedado más que demostrado que Ferrovial no es competente para hacer este trabajo», dice.

En respuesta a las preguntas enviadas por este medio, Ferroser no aclara si tiene o no constancia de las denuncias realizadas por estos trabajadores. Sin embargo, especifica que tanto los «gestores de contactos» de la compañía como los Gestores Covid y profesionales de los Servicios de Vigilancia Epidemiológica de la Generalitat trabajan con «una herramienta informática aportada por la Generalitat»: «Actualmente, por el momento epidemiológico en el que nos encontramos, se realizan más de 15.000 llamadas al día», explican.

Precariedad laboral y deficiencias en el cumplimiento de los protocolos sanitarios

Contrataciones de mes a mes, despidos repentinos, problemas de organización… los trabajadores señalan numerosas negligencias en la gestión de Ferrovial. Uno de los principales problemas, y que les preocupa más, es el incumplimiento de los protocolos sanitarios. Los trabajadores explican que no hay ningún tipo de ventilación en todo el recinto donde trabajan, ya que no hay ventanas, y que tampoco se hace una limpieza adecuada de los espacios durante los fines de semana, durante los cuales los trabajadores hacen turnos de 12 horas.

«En el ámbito higiénico, es un escándalo», señala David, que fue despedido la semana pasada de la empresa, después de recibir un correo que le informaba que no había superado el periodo de prueba de un mes. Unos días antes, se había quejado del incumplimiento de las medidas de seguridad y considera que la causa de su despido fue «mostrarse crítico con la gestión de la empresa». Y su caso no es el único despido de este tipo, según los trabajadores entrevistados.

Según explica David, la entrada al trabajo es toda una odisea: «Se concentran los 200 trabajadores ante la puerta y los coordinadores van gritando sus nombres. No utilizan ningún tipo de micrófono, por lo tanto, nos tenemos que juntar todos para poder escuchar, sin cumplir con la distancia de seguridad». Una vez entran, el personal de seguridad les toma la temperatura, se les pide el DNI y se les indica la planta donde les toca trabajar. «Después te hacen firmar un documento de asistencia, con el mismo bolígrafo que utiliza todo el mundo. En el ascensor hay un dispensador de gel hidroalcohólico, pero nadie te obliga a utilizarlo y, a veces, ni queda», señala David. También comenta que no hay suficiente stock de mascarillas y que muchas veces los trabajadores las piden y no quedan.