Endesa, con 56,54 puntos; Inditex, con 55,20; e Iberdrola, con 54,04. Son las tres únicas compañías del IBEX 35 que consiguen un aprobado –aunque muy raspado– en materias de derechos humanos según el último informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa* (ORSC) de acuerdo con los datos de 2019.
La organización analiza en este trabajo hasta 65 indicadores diferentes para otorgar una puntuación a cada una de las empresas del selectivo bursátil –excepto a las SOCIMIs Merlín Properties y a la Inmobiliaria Colonial SOCIMI “por considerar que por su actividad y presencia no presentan riesgos en este aspecto”–. La media de las 33 analizadas es de 22,78 puntos sobre 100 puntos, una puntuación muy baja que sitúa a los Derechos Humanos como el área con peor promedio de todas las analizadas por el ORSC. A pesar de ello, sube 1,75 puntos respecto a la media de año 2018.
Indra (3 puntos), Acerinox (4,17), Grifols (5), Mapfre (7,03) y ACS (7,90) se sitúan en la cola por debajo de los 10 puntos. La falta de transparencia de muchas de las empresas del IBEX provoca la baja puntuación ya que, aunque la Ley 11/2018 les obliga a ofrecer este tipo de información, “la falta de especificidad sobre su contenido en materia de derechos humanos facilita que las empresas no publiquen información, la que den sea poco relevante, o interpreten la información a incluir de manera diferente”, denuncia la organización.
El análisis también revela que solo 13 de las empresas estudiadas “llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia”. Esto será algo obligatorio en la nueva legislación que prepara la Comisión Europea: “Las empresas del IBEX 35 van a tener que pisar el acelerador si quieren estar preparadas ante los cambios legislativos que se avecinan en Europa”, indica Isabel Tamarit, responsable de derechos humanos en el Observatorio de RSC.
De acuerdo con el estudio, 15 empresas de las 33 analizadas en 2019 han realizado formación específica en DDHH frente a las 18 de 2018. Sin embargo, solo 7 de ellas –CIE Automotive, Endesa, Iberdrola, Mediaset, Repsol, Telefónica, Cellnex– informan del número de trabajadores que han recibido dicha formación. De todas, solo Iberdrola aporta datos sobre la formación en aquellos países que presentan mayor riesgo de vulneración de los derechos humanos.
La cadena de suministros está considerada “una parte fundamental del ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos, ya que es dónde, en la mayoría de los casos, se producen los mayores abusos de los derechos humanos”. En este caso, ni siquiera la mitad de las compañías –15 de 33– informa sobre los criterios de derechos humanos utilizados en la contratación de los proveedores. Señalan, en concreto, la mala práctica de Repsol, quien no establece la obligatoriedad de que los proveedores tengan que demostrar que cumplen con las políticas incluidas en el Código de Conducta de Proveedores.
En el caso de Siemens Gamesa e Iberdrola, sus códigos establecen que los proveedores deben reconocer el derecho de asociación sindical libre, pero siempre que se recoja en la ley de territorio, dejando abierta la posibilidad de trabajar con empresas que no respeten la libertad sindical en países donde esta no se incluya en la legislación.
*El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa está compuesto en la actualidad Alianza por la Solidaridad, Anesvad, Ayuda en Acción, Cáritas, CCOO, Cruz Roja Española, Economistas sin Fronteras, Entreculturas, Fundadeps, Manos Unidas, Oxfam Intermón y USO.
Coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.