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En 2017, más de uno de cada tres excomisarios que abandonaron su cargo en la Comisión Europea tres años antes, consiguieron un puesto de relevancia en alguna empresa. Este fenómeno de las puertas giratorias a nivel europeo es una de las consecuencias de las labores de lobby que las grandes compañías suelen ejercer en Bruselas, la ciudad en la que se encuentran los principales organismos públicos de la Unión Europea. Así se refleja en Lobby Planet, una suerte de guía turística elaborada por Corporate Europe Observatory, el Observatorio de Multinacionales en América Latina y Ecologistas en Acción para recorrer los rincones más herméticos de una capital en la que trabajan más de 25.000 lobbistas.

La principal tarea de estos grupos es “influir directa o indirectamente en el proceso de elaboración de políticas en favor de determinados grupos de interés”, una actividad que mueve unos 1.500 millones de euros al año. Aunque encontramos importantes empresas como Google, Shell, Volkswagen y Philip Morris, cuyas plantillas están plagadas de lobbistas que trabajan directamente en la promoción de sus intereses, la mayoría de organizaciones que más invierten en lobby son, sin embargo, prácticamente desconocidas para el gran público. Así, en el top 5 de gasto se encuentran el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC) (12.100.000€), EUROCHAMBRES (Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas) (7.600.000 €), Fleishman-Hillard (6.750.000-6.999.999€), Insurance Europe (6.750.000-6.999.999€) y FTI Consulting Belgium  (6.000.000-6.249.999€).

Según el informe, los dos lobbies más poderosos son la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT, European Round Table of Industrialists), donde se encuentran los presidentes de algunas de las 50 empresas transnacionales más grandes de Europa; y BusinessEurope, la principal organización patronal del continente. “Los representantes de ambas organizaciones son invitados tan asiduos a Berlaymont, la sede de la Comisión, que deberían considerar seriamente la idea de contribuir al pago de su alquiler…”, escriben en la guía. En este selecto club se encuentran los presidentes y directores generales de Vodafone, Heineken, Nestlé y Siemens, entre otras empresas.

En Lobby Planet se puede observar cómo las principales instituciones públicas como la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior o la Dirección General de Comercio se encuentran rodeadas de sedes de consultorías de lobby, grandes empresas, asociaciones empresariales o think tanks. Todo ello en lugares con unos precios imposibles de asumir para el resto de los mortales. 

En Bruselas realizan tareas de lobby alguna de las empresas más contaminantes del planeta como BP, Shell, Vattenfall, Volkswagen, RWE, GasNaturally o la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA). “Sus lobbistas han desempeñado un papel fundamental en la opción de la UE en favor de políticas climáticas centradas en el comercio de emisiones a expensas de políticas ambiciosas en materia de eficiencia energética y energías renovables”, denuncian desde las organizaciones autoras del informe. “También encontrarás grupos de lobbies financiados por empresas que promocionan falsas soluciones ante el cambio climático para mantener intactos sus lucrativos beneficios, como, por ejemplo, la dudosa técnica de ‘enterrar’ carbono o el uso del gas (incluido el obtenido mediante la agresiva técnica del fracking) como energía limpia. Tampoco nos olvidamos de las empresas del sector automovilístico ni del transporte aéreo, muy atareadas en tumbar (o simplemente, evadir) las leyes sobre contaminación”, explican.

Madrid: el ‘lobby’ en España

Lobby Planet dedica un apartado a la presión de las grandes empresas de nuestro país. Hacen mención a Telefónica, cuyo presidente, César Alierta, fue uno de los principales impulsores del Consejo Empresarial de la Competitividad, el mayor lobby español de los últimos tiempos. El informe define a Telefónica como “una agencia de colocación para exaltos cargos gubernamentales”. Así. por las filas de la teleco han pasado exministros como Eduardo Zaplana (PP), Manuel Pizarro (PP), Rodrigo Rato (PP), Narcís Serra (PSOE) y Trinidad Jiménez (PSOE), miembros distinguidos de la Casa del Rey como Iñaki Urdangarin, y familiares de cargos políticos, como Elvira Fernández (esposa de Mariano Rajoy), Iván Rosa (marido de Soraya Sáenz de Santamaría) o Andrea Fabra (hija del que fuera presidente de la Diputación de Castellón), entre otros.

Figuran en esta lista grandes entidades financieras como Banco Santander, BBVA o CaixaBank. Sobre la entidad ahora presidida por Ana Patricia Botín, destacan la buena relación que mantuvo su padre, Emilio Botín, con los sucesivos gobiernos españoles, desde Felipe González hasta Mariano Rajoy. El informe asegura que esta cercanía permitió influir en las reformas laborales y de pensiones durante el gobierno de Zapatero y en los recortes de Rajoy. También destaca el indulto al número dos del banco, Alfredo Sáenz, condenado por un delito de acusación y denuncia falsa. “Una deferencia por condonar las deudas del partido con la entidad financiera (aunque el indulto fue anulado posteriormente por el Tribunal Supremo)”, explica el documento.

Pero si hay un sector donde las puertas giratorias no han parado de dar vueltas ha sido el energético. En la guía destacan los casos de Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), por donde han desfilado dos expresidentes del Gobierno, Felipe González y Leopoldo Calvo-Sotelo, y varios exministros, entre ellos Narcís Serra o Cristina Garmendia; y de Repsol, “una compañía muy próxima al Gobierno español, tanto cuando era pública como cuando pasó a ser privada”. Repsol ha contado con una férrea defensa de sus intereses por parte de los gobiernos Zapatero y Rajoy: desde el decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia a la reforma de este sector en Ecuador, pasando por la expropiación de YPF en Argentina.